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Ayer, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un allanamiento en los estudios de la TV Pública como parte de la investigación sobre el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este. El objetivo del procedimiento fue incautar documentación relacionada con los contratos del periodista Marcelo Grandio, quien supuestamente pagó el vuelo privado que utilizó Adorni junto a su familia. Este hecho ha suscitado interrogantes sobre posibles irregularidades en los contratos y la naturaleza de la transacción.
El piloto del vuelo privado, Agustín Issin, también declaró sobre el asunto, afirmando que el costo del traslado fue abonado por Grandio. El vuelo se realizó en un avión Honda Jet, con un costo de 10,000 dólares por tramo. En respuesta a las acusaciones, Adorni defendió su trayectoria profesional y patrimonio, afirmando que ha trabajado más de 25 años en el sector privado y que no tiene nada que ocultar. «Estamos poniendo a disposición de la Justicia toda la información que necesiten», aseguró.
El respaldo del oficialismo a Adorni ha generado descontento entre algunos sectores, que consideran inapropiado que el jefe de Gabinete intente desviar la atención de las acusaciones en su contra. La situación se complica con cada nuevo desarrollo en la investigación, y muchos cuestionan la transparencia del gobierno en este asunto. La comunidad espera que se esclarezcan las irregularidades y se actúe con responsabilidad en lugar de minimizar las preocupaciones públicas.
