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El Ministerio de Economía bajo la conducción de Luis Caputo defiende públicamente la liberalización de tarifas de energía, pero simultáneamente acumula una deuda millonaria con las productoras de gas para sostener el superávit fiscal. La contradicción refleja un pragmatismo regulatorio que busca amortiguar el impacto inflacionario mientras los números cierren mes a mes en el Gobierno de Javier Milei.
Con la llegada del invierno, Enarsa —la empresa estatal que administra los contratos del programa Plan Gas.Ar— acumula un pasivo de USD 180 millones con las productoras de gas. Si el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, no aprueba girar los fondos en los próximos días, el monto ascenderá a más de USD 260 millones, equivalente a la mitad del superávit financiero que registró Caputo en mayo.
El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la liberalización de precios en su primera conferencia de prensa, sugiriendo que las familias se «abriguen más» antes de «prender el gas». Horas después, Energía extendió los subsidios al 50% para usuarios con ayuda estatal. Ravier posteriormente calificó su frase como «poco feliz» y aclaró que el Gobierno protege a los sectores más vulnerables.
El desfase entre el discurso y la acción ocurre mientras la recaudación de junio anotó otra caída del 7,1% real. El pasivo de Enarsa comenzó cuando pagó solo el 60% de la factura de enero a las productoras, dejando pendiente aproximadamente USD 45 millones que vencieron en abril y se acumularon con montos posteriores.
