La investigación judicial por presuntas maniobras irregulares y cobro de coimas vinculadas al antiguo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y a diversas agencias de cambio sumó un capítulo clave. El fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de medidas de alto impacto, incluyendo el pedido para levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de los principales empresarios y sociedades salpicadas en el expediente, y la citación a miembros de ARCA.
La decisión de avanzar con estas medidas se aceleró luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) remitiera informes que la fiscalía consideró “insuficientes” para esclarecer el funcionamiento del andamiaje aduanero. Por este motivo, la Justicia citó a declarar como testigos a dos subdirectores de ARCA, quienes deberán explicar bajo juramento la operatoria interna del sistema de comercio exterior y el rol exacto de los agentes encargados de aprobar o trabar los trámites de importación. También fueron convocados los despachantes de aduana involucrados.
La fiscalía apunta directamente a desarmar la estructura financiera de la presunta red ilegal. Para ello, Picardi solicitó formalmente al juez del caso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, bursátil e impositivo, así como los alcances previstos en la Ley de Lavado de Activos, sobre figuras centrales y de alto perfil vinculadas a las entidades financieras investigadas. Entre las personas alcanzadas por la solicitud se encuentran Juan Ignacio Napoli, José María Napoli, Anahí Marisol Aquino Laprida y Juan Ignacio Agra.
La misma medida patrimonial fue requerida para Patricio Guido Marre y Héctor Ezequiel Caputto, ambos señalados en la causa como supuestos responsables de “acelerar” de manera irregular los permisos SIRA a cambio del cobro de comisiones ilegales. Asimismo, el pedido de apertura de cuentas y registros impositivos recayó sobre la firma Lifetba S.R.L., una sociedad mencionada en escuchas y chats de la causa en relación con el armado de una presunta “cuenta espejo” utilizada para desviar fondos.
El avance judicial busca también reconstruir el circuito físico del dinero y los reportes diarios de las operaciones. En ese marco, los tribunales convocaron a declarar a una empleada de la firma Arg Exchange S.A., sospechada de enviar información relevante para la investigación en curso.
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