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La investigación judicial por presuntas maniobras irregulares y cobro de coimas vinculadas al antiguo
La decisión de avanzar con estas medidas se aceleró luego de que la ARCA remitiera informes que la fiscalía consideró «insuficientes» para esclarecer el funcionamiento del andamiaje aduanero. Por este motivo, la Justicia citó a declarar como testigos a dos subdirectores de ARCA, quienes deberán explicar bajo juramento la operatoria interna del sistema de comercio exterior, así como el rol de los agentes encargados de aprobar o trabar los trámites de importación. También fueron convocados los despachantes de aduana involucrados.
La fiscalía busca desarmar la estructura financiera de la presunta red ilegal. Picardi solicitó formalmente al juez el levantamiento del secreto fiscal, bancario, bursátil e impositivo, incluyendo los alcances previstos en la Ley de Lavado de Activos, sobre figuras centrales y de alto perfil vinculadas a las entidades financieras investigadas. Entre las personas alcanzadas por esta medida se encuentran Juan Ignacio Napoli, José María Napoli, Anahí Marisol Aquino Laprida y Juan Ignacio Agra.
La misma medida patrimonial fue requerida para Patricio Guido Marre y Héctor Ezequiel Caputto, señalados en la causa como supuestos responsables de «acelerar» de manera irregular los permisos SIRA a cambio del cobro de comisiones ilegales. Asimismo, el pedido de apertura de cuentas y registros impositivos recayó sobre la firma Lifetba S.R.L., mencionada en escuchas y chats en relación con el armado de una presunta «cuenta espejo» utilizada para desviar fondos.
El avance judicial busca también reconstruir el circuito físico del dinero y los reportes diarios de las operaciones. En ese marco, los tribunales convocaron a declarar a una empleada de la firma Arg Exchange S.A., sospechada de enviar información relevante para la investigación.
