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En la ciudad de Neuquén, mientras la agenda nacional se enfoca en preocupaciones generales como el empleo y el poder adquisitivo, se desarrolla una batalla paralela contra la delincuencia que tiene como eje la política de urbanización, tierra y servicios. Esta estrategia, impulsada por el gobierno de Mariano Gaido, busca generar inclusión social y, al mismo tiempo, fortalecer las políticas de seguridad provincial.
La llegada del Estado con obras de infraestructura básica a sectores históricamente postergados, como calles, alumbrado público, agua y electricidad, trasciende la mera mejora urbana. Según Marcos Zapata, presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, estas acciones tienen un impacto directo y concreto en la seguridad ciudadana, funcionando como «herramientas silenciosas pero efectivas en la prevención del delito».
Zapata explicó que la integración urbana de asentamientos al tejido formal de la ciudad transforma «espacios aislados donde muchas veces prolifera la delincuencia» en áreas con mayor circulación y presencia estatal. La lógica es que la presencia de servicios básicos y la mejora de la conectividad generan un entorno menos propicio para actividades ilícitas.
Esta política de urbanización y acceso a la tierra se presenta entonces como un aliado fundamental en la lucha contra la inseguridad que lleva adelante la administración provincial. Al brindar seguridad jurídica y mejorar la calidad de vida de miles de familias, se busca generar un impacto positivo y duradero en la convivencia y el bienestar de la comunidad neuquina.
