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Este lunes, la Ruta 40 en Junín de los Andes fue escenario de momentos de tensión cuando un grupo de trabajadores municipales cortó el tránsito en reclamo de una recomposición salarial. La protesta, que incluía liberar la ruta cada dos horas, llevó a la aplicación del protocolo antipiquetes, resultando en seis agentes heridos según el Ministerio de Seguridad, que destacó que la actuación se llevó a cabo «conforme a los procedimientos establecidos».
La representante de ATE, Azucena Quintriqueo, explicó que alrededor de 500 trabajadores estaban en paro, pidiendo un salario que alcance los $500.000, en vez de los incrementos propuestos por el Ejecutivo. El gobierno había ofrecido aumentos basados en el IPC, pero muchos manifestantes consideraron que la oferta era insuficiente. Esto desencadenó la intervención de fuerzas federales, incluyendo Gendarmería y Policía Federal, que intentaron despejar el corte de ruta.
Las imágenes de la intervención mostraron un enfrentamiento entre los manifestantes y los efectivos policiales, lo que resultó en empujones y el lanzamiento de proyectiles. En respuesta, el Ministerio de Seguridad afirmó que se había actuado para garantizar la circulación de servicios de emergencia y otros vehículos, reiterando que el protocolo antipiquetes sigue vigente en todo el país.
A pesar de la intervención, el municipio de Junín de los Andes aclaró que no solicitó la aplicación del protocolo, lamentando los hechos de violencia y distanciándose del operativo. La situación se calmó alrededor de las 15:30 cuando se dictó la conciliación obligatoria por parte del Gobierno provincial, lo que llevó a los manifestantes a abandonar la ruta.
El contexto legal del protocolo antipiquetes ha sido objeto de debate, especialmente tras un fallo judicial que declaró su nulidad. El juez Martín Cormick argumentó que el gobierno no tiene la autoridad para dictar normas que vulneren derechos constitucionales básicos como la libertad de reunión y expresión. Este fallo ha generado un llamado a la reflexión sobre el uso de la fuerza en situaciones de protesta social y la necesidad de adecuar las prácticas de seguridad a las normativas vigentes.
