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La Confederación General del Trabajo (CGT) recusó a los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Víctor Arturo Pesino y María Dora González, después de que anularan una cautelar que suspendía la reforma laboral. La CGT acusa a los jueces de prejuzgar sobre derechos fundamentales, afectando la suspensión de 82 artículos de la Ley 27.802.
La central sindical sostiene que el juez Pesino favoreció al Estado nacional y recibió una extensión de su cargo más allá de los 75 años, lo cual consideran éticamente cuestionable. Esto socava la imparcialidad de la decisión judicial, según la CGT.
El fallo, que restablece la reforma laboral, argumenta que no afecta a sectores vulnerables ni compromete la dignidad humana. La CGT rechaza estas afirmaciones, insistiendo en que los trabajadores en relación de dependencia son socialmente vulnerables y necesitan protección.
El presidente Javier Milei celebró la decisión judicial, afirmando que no se detendrá el crecimiento del país. Sin embargo, la CGT se opone firmemente a esta postura, insistiendo en que el fallo es incorrecto y solicitando su nulidad absoluta.
