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El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, calificó de “aberrante” la decisión de la Secretaría de Ambiente de Neuquén de eliminar el uso obligatorio de mantas oleofílicas en las locaciones petroleras. En declaraciones a LU5, Rucci sostuvo que esta medida no solo representa un retroceso ambiental, sino que también afecta a más de 500 familias cuyo trabajo depende directamente de esta actividad.
“Estamos volviendo a viejas prácticas”
Rucci arremetió contra la resolución, criticando que esta vuelta a “viejas prácticas” ya comprobadas como dañinas representa una amenaza para el ecosistema de Neuquén. “Quitar las mantas oleofílicas nos lleva de regreso a métodos que han dejado graves pasivos ambientales en la provincia”, aseguró. Y agregó: “No se trata de mejorar, sino de retroceder en el tiempo sin ninguna justificación”.
Impacto social: cientos de familias en la incertidumbre
Además del impacto ambiental, Rucci alertó sobre las consecuencias sociales, destacando que la medida afecta directamente a unas 500 familias, muchas de ellas con jefas de hogar. “Más de 250 mujeres dependen de este trabajo. ¿Alguien pensó en ellas? Ni siquiera se habló de reubicación o de un plan de contingencia”, lamentó el dirigente.
¿Quién se beneficia?
Rucci también cuestionó las motivaciones detrás de la resolución y sugirió que la medida parece favorecer únicamente a las empresas productoras. “¿A quién beneficia realmente esta decisión? ¿Es al ambiente o a los trabajadores? Evidentemente no”, enfatizó, cuestionando la ausencia de la secretaria de Ambiente en el país al momento de la resolución.
Advertencia: “Vamos a reclamar”
El dirigente hizo un llamado a las autoridades para que revoquen la medida y advirtió que, de no hacerlo, el sindicato tomará medidas. “Esperamos que la Secretaría de Ambiente actúe con sentido común. No podemos permitir que el trabajo de nuestra gente ni el medio ambiente se descuiden”, sentenció Rucci.
¿Una resolución sin facultades?
Por último, se sumó otra controversia con la presentación de un recurso legal por parte de una de las empresas afectadas. Según el recurso, la Secretaría de Ambiente habría actuado fuera de su jurisdicción, ya que la Ley 3420 establece que el Ministerio de Energía es la única autoridad competente para modificar normativas ambientales en la actividad hidrocarburífera. Esto deja abierta la posibilidad de que la resolución sea revisada por cuestiones de jerarquía administrativa.
