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En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado aprobó una serie de modificaciones a la Ley de Glaciares, con 41 votos a favor y 31 en contra, mientras que la legisladora neuquina Julieta Corroza se abstuvo. La iniciativa, que ahora será discutida en la Cámara de Diputados, generó divisiones en varias bancadas, aunque el interbloque de La Libertad Avanza, liderado por Patricia Bullrich, se mostró unánime en su apoyo.
Los cambios incluyen un artículo que permite a cada provincia determinar la autoridad responsable de identificar los glaciares y ambientes periglaciais en su territorio. Este aspecto ha suscitado críticas de opositores que advierten sobre el riesgo de que los intereses de las empresas prevalezcan sobre la protección ambiental, además de posibles conflictos con el reciente acuerdo Mercosur-Unión Europea, sancionado previamente por el Senado.
Los defensores del proyecto argumentan que los recursos hídricos pertenecen a los distritos y que la ley busca reactivar la economía mediante inversiones en el sector. Sin embargo, críticos del proyecto, como el senador radical Maximiliano Abad, sostienen que debilitar el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y dejar decisiones en manos provinciales podría generar un «desorden» jurídico y dañar la uniformidad de la protección ambiental.
Durante el debate, varios senadores expresaron preocupaciones sobre las implicaciones ambientales de la ley. La senadora Anabel Fernández Sagasti advirtió que permitir la explotación de glaciares podría tener consecuencias irreversibles para el medio ambiente. Mientras tanto, Bullrich defendió la iniciativa como un intento de equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental, señalando que no hay que ver el agua y el trabajo como opuestos.
