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La tensión política en Córdoba escala a días de una sesión legislativa que promete ser «caliente». Tras semanas a la defensiva por las derivaciones del caso Agostina Vega, el oficialismo provincial, liderado por el PJ, decidió pasar al ataque. El foco se ha puesto en el dirigente radical Marcos Carasso y el Tribunal de Cuentas, en una maniobra que ya se conoce como el «efecto Carasso» y que busca herir a la UCR y al juecismo.
La estrategia del oficialismo surge como respuesta a las críticas de la oposición, principalmente la UCR y el juecismo, por el caso Agostina Vega. La oposición había impulsado pedidos de enjuiciamiento contra fiscales y cuestionado la permanencia de Juan Pablo Quinteros en el Ministerio de Seguridad. El asesinato de la adolescente de 14 años y los vínculos políticos que rodean al principal sospechoso, Claudio Barrelier, generaron un fuerte impacto y críticas hacia el peronismo gobernante.
En este contexto, el PJ provincial busca reordenar el tablero político. Desde la jefatura del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, encabezada por Facundo Torres, se acusa a la oposición de aplicar una «doble vara» y de hacer «carancheo político» con el caso Agostina Vega. Legisladores aliados, como Karina Bruno, han ido más allá, comparando a Marcos Carasso con «el Adorni cordobés» y presentando un proyecto para solicitar su apartamiento preventivo del Tribunal de Cuentas.
La UCR, por su parte, ha denunciado lo que considera «carpetazos» por parte del oficialismo, anticipando un fuerte cruce de acusaciones en el recinto. La investigación judicial que involucra a Marcos Carasso, cuya vivienda y oficina en el Tribunal de Cuentas fueron allanadas en una causa vinculada al PAMI, se convierte ahora en el eje de la confrontación, desplazando momentáneamente el debate sobre la crisis del PAMI y el Apross.
