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El Régimen Penal Juvenil que entró en vigencia la semana pasada en todo el país depende en gran medida del Presupuesto 2027 que el Ejecutivo presenta hoy ante el Congreso. La Ley 27.801, que rige para menores entre 14 y 18 años que cometen delitos, prevé un presupuesto de $23.739.155.303,08, pero parte de esos fondos aún no están garantizados.
Con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, la nueva ley comenzó a aplicarse en todo el territorio nacional excepto en Buenos Aires, donde fue suspendida por 60 días por decisión de la jueza Marta Elba Pascual. El régimen busca fomentar en los adolescentes el sentido de responsabilidad legal y lograr su educación, resocialización e integración social.
Del presupuesto total previsto, el Ministerio de Justicia debe aportar $3.131.996.784,28, mientras que la Defensoría General de la Nación, a cargo interinamente de Julián Horacio Langevin, debe contribuir con $20.607.158.518,80. Voceros de la cartera de Justicia confirmaron a PERFIL que ese monto deberá contemplarse en la ley de Presupuesto que se presenta este martes ante el Congreso. «Por el momento estamos trabajando con el presupuesto vigente», informaron.
La nueva ley incorpora la figura del «supervisor» y crea un Comité Interministerial integrado por representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad, Capital Humano y Salud. Además, prevé la aplicación de «penas alternativas» al encierro y ordena la formación especializada de los operadores que trabajan con adolescentes. En caso de que sea «indispensable el encierro», los menores serán alojados en «dependencias acondicionadas especialmente».
