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El Régimen Penal Juvenil entra en vigor este sábado 5 de septiembre en Argentina y marca un cambio histórico en la justicia de menores: reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La Ley 27.801 reemplaza el sistema vigente desde 1980 e incorpora nuevas sanciones y esquemas de seguimiento para adolescentes que cometan delitos previstos en el Código Penal.
El cambio central es que a partir de los 14 años los adolescentes podrán ser sometidos a un proceso judicial y recibir condena, incluso con privación de la libertad bajo un régimen especial. La normativa establece como objetivo promover la responsabilidad por los actos cometidos y favorecer la educación, resocialización e integración social de los menores. Sin embargo, la baja de la edad de imputabilidad no implica que todos los adolescentes que cometan un delito deban ser privados de su libertad.
El nuevo sistema introduce herramientas de seguimiento y control, junto con penas alternativas para determinados casos. Entre ellas figuran las restricciones de acercamiento, la reparación del daño a la víctima, reglas de conducta y participación en actividades educativas y comunitarias. También se incorpora el monitoreo electrónico, que permite registrar la ubicación del adolescente mediante dispositivos. La amonestación, consistente en un llamado de atención y reproche oral, deberá aplicarse junto con al menos una sanción adicional.
Las penas alternativas se podrán aplicar cuando la pena prevista sea superior a tres años y de hasta diez años, siempre que no haya existido muerte de la víctima ni violencia física o psíquica grave. El adolescente tampoco debe registrar condenas previas ni otros procesos en trámite con auto de procesamiento firme. Desde la Justicia advierten por falta de recursos y protocolos para implementar el nuevo régimen en las próximas horas.
