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La Cámara de Diputados de la provincia aprobó por mayoría la comunicación 269, iniciativa que solicita al gobierno de Javier Milei que desista de la subasta de los terrenos e inmuebles de dominio nacional ubicados en la provincia y que se destinen a espacios públicos recreativos y al funcionamiento de instituciones. Lo hizo esta tarde durante la 27° sesión ordinaria, a partir de la unificación de tres iniciativas presentadas por Hacemos Neuquén, Neuquén Federal y UxP, respectivamente.
Al inicio del debate, el diputado Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) explicó que el predio del parque Jaime De Nevares cuenta con una afectación pública específica y que no puede tener un cambio de indicador para su uso urbano sin una previa aprobación por parte del Concejo Deliberante local. También destacó que la propia comunidad local se apropió del espacio y defiende su utilización con fines recreativos.
Por su parte, la legisladora Ludmila Gaitán (MPN) ratificó su rechazo al listado de bienes inmuebles ubicados en Neuquén que el gobierno nacional destinó a venta y subasta. Al respecto, sostuvo que bajo ningún punto de vista se puede considerar a un parque o pulmón verde como un “costo sobredimensionado” para las arcas del gobierno nacional.
“Quieren vender sin conocer la historia”, advirtió la legisladora al destacar que desde la Legislatura se impulsa una iniciativa para declarar patrimonio histórico el predio donde en la actualidad funciona el parque Jaime De Nevares y el terreno lindero en el cual se emplazaba la ex cárcel U9.
De igual modo, su par de bancada, Gerardo Gutierrez, ponderó el proceso de participación ciudadana que permitió proyectar la edificación de un pulmón verde en el lugar. Explicó que se firmaron convenios con la anterior gestión nacional para ceder el edificio ubicado en Senillosa y así poder alojar a las personas privadas de su libertad que anteriormente cumplían condena en la ex cárcel U9.
Desde UxP, Darío Martínez se pronunció a favor de defender un espacio público “bien apropiado por los neuquinos y neuquinas” y puso énfasis en las desprolijidades del decreto nacional que incluyó tierras ya vendidas por el propio Estado. En ese sentido, pidió que la Legislatura se declare en defensa del patrimonio público de los neuquinos.
En igual sentido, Francisco Lepore (Avanzar) se refirió a que los acuerdos alcanzados en gestiones anteriores no se pueden desconocer en la actualidad y se expresó a favor de declarar al predio como patrimonio cultural de la provincia.
El diputado Carlos Cogggiola (Neuquén Federal) subrayó que la iniciativa permitirá respaldar las gestiones con el gobierno nacional y consideró importante que la Legislatura neuquina “levante la voz en defensa de estos predios”.
Por JxC-UCR, el diputado César Gass aportó el contexto histórico en el que surgieron las primeras gestiones por las tierras entre el municipio neuquino, la provincia y el Estado nacional, y dijo que “es muy poco lo que puede reclamar Nación por ese predio” al señalar que la construcción de la cárcel de Senillosa debía ejecutarla el Estado nacional y lo terminó haciendo el gobierno de la provincia.
A su turno, desde Cumplir, Brenda Buchiniz, no acompañó la iniciativa al observar que existen conversaciones “en curso” con funcionarios nacionales para solucionar el tema. No obstante, postuló como inapropiado remarcar que por el solo hecho de ser utilizado por la ciudadanía, el predio deba tomarse como un bien más de la comunidad.
En tanto, la legisladora Gabriela Suppicich (FIT-U) hizo referencia a la iniciativa que presentó su espacio político en el Congreso Nacional para anular el decreto que plantea rematar 309 inmuebles del Estado, entre los que se encuentran sitios de memoria que funcionaron como centros clandestinos de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar, y opinó que el decreto “está hecho a medida del lobby inmobiliario del grupo IRSA”.
