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El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba dictó una medida cautelar de urgencia que obliga a Pami y al programa Incluir Salud del Ministerio de Salud de la Nación a cubrir las prestaciones para personas con discapacidad en un plazo máximo de 72 horas. La resolución, impulsada por el colectivo Defendamos Córdoba con el apoyo de diversas instituciones locales, busca frenar el desfinanciamiento que pone en riesgo tratamientos esenciales.
La medida, dispuesta por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, protege a titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuyo acceso a servicios y medicamentos se vio comprometido por la falta de transferencia de fondos. La crisis se enmarca en la Ley 27.793, que declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2026.
El juez Vaca Narvaja fundamentó la resolución señalando que las demoras reiteradas en los pagos constituyen un «riesgo inminente» para quienes dependen de estos recursos. Advirtió que el Estado nacional habría intentado evadir sus obligaciones constitucionales de protección integral, dilatando el cumplimiento de compromisos básicos.
El desfinanciamiento ha generado deudas millonarias en organizaciones cordobesas. Un ejemplo es el Pequeño Cottolengo Don Orione, que durante 2026 acumuló más de $41 millones en intereses ante ARCA por aportes y contribuciones impagas debido a la falta de transferencia de fondos estatales.
La medida cautelar tendrá una duración inicial de seis meses o hasta que haya una sentencia firme. Durante este período, Pami e Incluir Salud deberán mantener al día los pagos de las prestaciones bajo apercibimiento de ley, lo que implica sanciones concretas ante cualquier incumplimiento.
