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La situación de la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz parece agravarse día a día. Mientras la comisión investigadora de la Legislatura avanza hacia una probable destitución por “inhabilidad moral”, la justicia reúne pruebas contundentes que podrían derivar en cargos penales por delitos graves como malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
La comisión, integrada por representantes de todos los bloques excepto la izquierda, ya extendió el período de sesiones ordinarias para finalizar un informe clave. Entre los puntos más oscuros figuran compras directas millonarias sin justificar, contratos irregulares de personal y una sistemática obstrucción al Tribunal de Cuentas. Este último organismo denunció que se le impidió auditar los sistemas de sueldos y proveedores desde principios de año, un bloqueo que fue advertido por la presidencia de la Legislatura.
Otro episodio que complica a Ruiz es la polémica compra de una camioneta Toyota 0km, valuada en casi 80 millones de pesos. La operación está bajo la lupa por presuntas irregularidades en la venta de su vehículo anterior y el origen de los fondos utilizados para completar la transacción.
Paralelamente, se investiga la transferencia de 51 millones de pesos desde cuentas de la Legislatura a una cuenta personal de su hermano, Pablo Ruiz. Los allanamientos realizados en la Legislatura, la Casa de las Leyes y propiedades familiares apuntan a esclarecer esta trama.
En un intento de contrataque, Ruiz acusó a legisladores y funcionarios de maniobras políticas para desplazarla, pero su estrategia no parece haber convencido. Hasta ahora, no ha logrado responder a ninguna de las graves imputaciones en su contra.
El reloj corre en su contra, y los escenarios que se abren para la suspendida vicegobernadora son cada vez más oscuros: la destitución parece inevitable, mientras que los procesos judiciales avanzan hacia una formulación de cargos que podría poner fin a su carrera política.
