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El Gobierno nacional ha oficializado mediante decreto la desregulación de las obras sociales para los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como del privado, sindicalizados y monotributistas, entre otros. La normativa, identificada como 170/2024, fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el responsable de la cartera sanitaria, Mario Antonio Russo.
Este decreto, publicado en el Boletín Oficial, garantiza el derecho a la libre elección de los afiliados titulares de los Agentes del Seguro de Salud, conforme a lo establecido en la Ley N° 23.660. Se dispone que dicho derecho podrá ser ejercido entre cualquier entidad comprendida en la mencionada ley, con excepción de ciertas disposiciones específicas.
La libre elección entrará en vigor a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud y estará sujeta al plazo determinado por la autoridad competente. Asimismo, se establece que no se aplicará un plazo mínimo de permanencia para aquellos beneficiarios que elijan una entidad de medicina prepaga como prestadora de su cobertura médica.
Además, se instruye a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Superintendencia de Servicios de Salud a tomar las medidas complementarias necesarias. La normativa derogó varias disposiciones anteriores relacionadas con la regulación de las obras sociales.
Esta medida responde a la intención del Gobierno de permitir la libertad de elección de obras sociales desde el inicio de la relación laboral, en línea con lo establecido en el DNU 70/2023 de diciembre del año pasado. Se pretende así afectar los fondos destinados a las obras sociales por parte de los sindicatos y evitar intermediarios que puedan reducir la cobertura sanitaria.
El cambio implica permitir el ingreso directo de las prepagas, asegurando que el 100% del aporte de los trabajadores vaya a la cobertura sanitaria sin comisiones adicionales a las obras sociales. Este movimiento se encuadra en el contexto de una disputa entre el Gobierno y la CGT por la reforma laboral y busca optimizar la asignación de recursos para garantizar una cobertura médica efectiva para todos los trabajadores.
