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El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló planes del Gobierno para avanzar con privatizaciones y concesiones en sectores clave como energía, transporte y agua, con la expectativa de recaudar cerca de 2.000 millones de dólares. Sin embargo, estas medidas llegan en un contexto de incertidumbres económicas y críticas sobre la sostenibilidad de los servicios públicos.
El proceso de privatización incluye empresas como AySA, Intercargo, y Transener. Aunque Caputo asegura que el avance está en una fase decisiva, con ofertas de empresas como Genneia y Edenor, existen preocupaciones sobre el impacto social y económico de transferir el control de servicios esenciales al sector privado.
El Gobierno también autorizó la venta de Intercargo y aprobó un contrato para la concesión de AySA, decisiones que han generado debate sobre la pérdida de control estatal en áreas estratégicas. Críticos argumentan que estas medidas podrían priorizar el beneficio económico sobre la calidad y accesibilidad de los servicios.
Caputo destacó potenciales inversiones a través del RIGI, pero el panorama económico sigue siendo complejo, con el Banco Central enfrentando desafíos para sostener el peso argentino. Las medidas, aunque ambiciosas, deben ser evaluadas cuidadosamente ante el riesgo de generar desigualdades y afectar a sectores vulnerables.
