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ATE, el gremio estatal, exigió que el presidente Javier Milei se someta a un psicofísico tras la negativa del Gobierno a realizar el estudio. El Ejecutivo respondió asegurando que Milei es una persona «competente» para ejercer su cargo según la normativa vigente. Desde el sindicato calificaron la respuesta de «incompleta y evasiva».
La organización sindical argumentó que «la salud del Presidente no es un asunto privado» y exigió la presentación de partes médicos oficiales. ATE también advirtió sobre episodios de supuesta inestabilidad en apariciones públicas del mandatario, lo que fundamentó su pedido de evaluación médica formal.
El conflicto refleja una tensión entre la posición del Gobierno, que sostiene que Milei cumple con los requisitos legales para su función, y la demanda del gremio de transparencia respecto a la salud del jefe de Estado. La respuesta oficial no incluyó documentación médica que respaldara las afirmaciones sobre competencia.
ATE mantiene su posición de que los partes médicos son un asunto de interés público y no privado, especialmente cuando se trata de la salud de quien ocupa la máxima autoridad ejecutiva del país.
