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Esta mañana, el gobernador Rolando Figueroa presentó en la Legislatura neuquina el proyecto de ley número 18096, que busca aprobar un nuevo Código Procesal Civil Adversarial para la provincia. Este proyecto tiene como objetivo reemplazar el código vigente, que data de 1975, y transformar la justicia civil y comercial en Neuquén. La propuesta se enfoca en adoptar un modelo adversarial que sitúe en el centro la defensa en juicio de las partes y la imparcialidad judicial, alineando así el enjuiciamiento penal y civil con la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
La redacción del nuevo código fue realizada por el jurista Gustavo Calvinho, quien trabajó en colaboración con una comisión especial de Reforma creada por la Cámara, integrada por todos los diputados de la Legislatura, representantes del Poder Ejecutivo y las máximas autoridades del Poder Judicial de la provincia. Se invitó también a participar a los Colegios de Abogados, la Asociación de Magistrados, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue, así como a expertos en la materia, garantizando así una amplia consulta y participación en el proceso de elaboración.
El proyecto ahora pasará a ser tratado por los diputados y diputadas de la provincia en las comisiones pertinentes, antes de su posterior discusión en el recinto. La exposición de motivos del proyecto destaca que el actual Código Procesal Civil y Comercial tiene más de 50 años de vigencia y abarca diversas materias, incluyendo civil, comercial y de familia. Con el paso del tiempo, la sociedad ha cambiado significativamente, y el nuevo código busca reflejar esos cambios, adecuándose a las necesidades y requerimientos de la ciudadanía y acercando la justicia a la gente.
Además, el texto del proyecto enfatiza que se gestó con una mirada territorial, alineándose con el plan provincial de Regionalización, implementado como política pública desde 2023. Este plan, reconocido como uno de los hitos institucionales más importantes de la gestión actual, establece lineamientos estratégicos para reconfigurar la organización del Estado, promoviendo la descentralización y un desarrollo equilibrado entre las distintas regiones de Neuquén.
Por último, la elaboración del proyecto se llevó a cabo considerando las particularidades y necesidades de cada región, promoviendo una construcción colectiva que abarcó la participación activa de actores institucionales, judiciales, sociales y comunitarios. Se realizaron reuniones en las siete regiones de la provincia, donde se fomentó un diálogo plural que permitió recoger realidades locales, experiencias judiciales y necesidades concretas, contribuyendo a la creación de un nuevo código que sea legítimo y aplicable en toda la provincia, con una fuerte impronta neuquina.
