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El Gobierno reglamentó la libre exportación de hidrocarburos a través de la Resolución 166/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La normativa, instrumentada por la Secretaría de Energía, crea un nuevo registro simplificado para agilizar las ventas al exterior de petróleo, gasolinas y derivados, en línea con la política desreguladora que implementa la administración de Javier Milei.
El cambio normativo busca dar cumplimiento a los principios de libre mercado establecidos en el Decreto 70/2023 y la Ley Bases, limitando la intervención estatal solo a lo estrictamente necesario para garantizar la seguridad del suministro. El corazón de la reforma es la creación del Registro de Operaciones de Exportación, bajo la órbita de la Subsecretaría de Hidrocarburos, donde se asentarán todas las notificaciones de exportación, las eventuales objeciones y las «Constancias de Libre Exportación».
Los productos alcanzados incluyen aceites crudos de petróleo, gasolinas, gasoil, propano, butano y Gas Licuado de Petróleo (GLP). La normativa derogó la Resolución 241/2017, que obligaba a los exportadores a demostrar que habían ofrecido previamente el producto al mercado interno. El Gobierno consideró que ese mecanismo no cumplía su finalidad y generaba distorsiones que no se adecuaban a los nuevos principios de libertad comercial.
Ahora los permisionarios y concesionarios tienen dominio sobre los hidrocarburos que extraen y pueden comercializarlos libremente, sujetos a un régimen de «no objeción» basado en criterios técnicos y económicos. La Secretaría de Energía podrá realizar objeciones dentro de 30 días hábiles para aceites crudos, gasolinas y gasoil, y en 7 días hábiles para propano, butano y GLP. Si no se expide en esos plazos, se aplica silencio administrativo positivo, permitiendo al interesado exigir su Constancia de Libre Exportación.
Para contratos que excedan los 12 meses, la norma exige documentación adicional como contratos firmes y proyecciones de reservas probadas. Asimismo, para proyectos que requieran nueva infraestructura, se contempla una articulación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), facilitando los trámites a quienes ya hayan iniciado su adhesión a dicho régimen.
