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En los últimos dos años, varios miembros del gobierno nacional y legisladores oficialistas han obtenido préstamos hipotecarios del Banco Nación, algunos alcanzando cifras de hasta 500 millones de pesos. La situación ha despertado preocupaciones, ya que en muchos casos hay inconsistencias entre el patrimonio declarado y los créditos otorgados. La primera víctima de esta controversia fue Leandro Massaccesi, jefe de gabinete de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, quien recibió un préstamo significativo. El Banco Nación, presidido por Darío Wasserman, está en el centro de las críticas, especialmente después de que se revelaran datos sobre estos créditos a través de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la plataforma “¿Cuánto deben?”, que sistematiza la información de deudas de funcionarios.
Los casos más destacados incluyen a Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del BCRA, quien obtuvo un crédito hipotecario que supera los 510 millones de pesos, y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, con un préstamo de 475 millones. La discrepancia entre sus declaraciones juradas y los montos de los créditos es notable. Por ejemplo, Núñez registraba menos de 20 millones de pesos en bienes antes de recibir su préstamo, lo que ha llevado a la oposición a solicitar formalmente una investigación sobre la situación. Diputados como Esteban Paulón y Mónica Frade han presentado pedidos de informes y denuncias para esclarecer si ha habido “tráfico de influencias” o “administración fraudulenta” en el otorgamiento de los créditos.
El Banco Nación se defendió, argumentando que administar las cuentas sueldo del sector público justifica el alto volumen de hipotecas. Sin embargo, desde 2024, ha implementado una línea específica para empleados y funcionarios públicos que permite financiar hasta el 90% del valor de una propiedad, con una tasa de 6% anual, una de las más bajas del mercado. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la ética y la transparencia en el otorgamiento de préstamos a funcionarios públicos.
