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La investigación judicial por el fentanilo contaminado que causó la muerte de más de noventa personas llegó al ministerio que lidera Mario Lugones. Transcripciones telefónicas y chats filtrados de exfuncionarias de organismos reguladores revelaron alusiones directas al ministro de Salud, generando preocupación en el gobierno de Javier Milei.
El pasado 4 de agosto, por orden del juez Ernesto Kreplak, la Policía Federal detuvo a Nélida Agustina Bisio, exjefa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), y a Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). El Juzgado Federal N° 3 de La Plata investiga los mecanismos de control estatal sobre los laboratorios de Ariel García Furfaro, HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
La causa penal mantiene bajo prisión preventiva a García Furfaro mientras la Justicia busca determinar por qué la cadena de mandos sanitarios no retiró del mercado las ampollas inyectables adulteradas antes del desenlace fatal. Las defensas de las exfuncionarias lograron tramitar excarcelaciones millonarias mediante el aval de inmuebles para que esperen el juicio fuera de los calabozos.
En paralelo, el escenario judicial se cruza con la inminente convocatoria de comisiones en la Cámara de Diputados para debatir el funcionamiento de la ANMAT. El kirchnerismo apura en el Congreso una nueva ley para el organismo regulador de medicamentos, mientras el gobierno de Milei sigue el caso de cerca.
