El Gobierno nacional lanzó una reforma explosiva que pone fin a décadas de gratuidad para extranjeros en servicios públicos clave. Universidades nacionales y hospitales públicos podrán cobrar aranceles a extranjeros no residentes, según anunció Manuel Adorni, vocero presidencial. Además, se endurecerán los requisitos de ingreso y expulsión para inmigrantes.
“Es momento de proteger nuestras fronteras y priorizar a los ciudadanos argentinos”, afirmó Adorni, dejando claro el cambio de rumbo en la política migratoria. Las universidades nacionales establecerán aranceles para estudiantes extranjeros, mientras que la atención médica gratuita para no residentes dependerá de normativas locales.
Adorni destacó el impacto de estas medidas en provincias como Salta, donde el cobro de atención médica redujo la demanda de extranjeros en un 95%, generando un ahorro fiscal de 60 millones de pesos. “Nos despedimos de los tours sanitarios que perjudicaban al sistema de salud”, sentenció.
En cuanto al ingreso y permanencia de inmigrantes, la reforma incluye la prohibición de entrada a personas con antecedentes de delitos graves, la deportación inmediata de quienes sean atrapados en flagrancia y penas de prisión para quienes reingresen tras ser expulsados.
Con un discurso filoso, Adorni dejó en claro el propósito de estas medidas: “Es hora de cerrarles la puerta a los oportunistas y priorizar a quienes respetan las reglas y contribuyen al país”.