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El Gobierno lanzó una recompensa de $10 millones para quienes puedan proporcionar información clave que permita identificar a los responsables de las amenazas contra Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro. El caso, que generó alarma en el ámbito político, involucra a una organización narco-terrorista que envió un video con mensajes intimidantes.
La ministra de Seguridad y el gobernador santafesino fueron blanco de un video que se viralizó en redes sociales, llevando al Ejecutivo a tomar medidas drásticas. Según la resolución 1295/24 publicada en el Boletín Oficial, el objetivo es obtener «datos útiles, precisos y concretos sobre los miembros de la organización criminal, sus actividades ilícitas y los lugares donde operan».
El comunicado oficial advierte que este es un caso de «gravedad institucional», con impacto nacional e internacional, y enfatiza la necesidad de una respuesta contundente y rápida. Mientras la investigación sigue su curso, el llamado a colaborar incluye a ciudadanos que puedan aportar información para desmantelar a los responsables de este acto intimidatorio.
