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Por unanimidad, los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— firmaron una acordada que ordena un protocolo médico para represores detenidos. La medida, conocida como acordada 21/2026, encomienda al Cuerpo Médico Forense la confección de un informe sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en los establecimientos donde se encuentran alojados.
El protocolo deberá ser realizado en un plazo de 30 días corridos por el Cuerpo Médico Forense, que depende de la propia Corte Suprema. Una vez completado, el documento será distribuido entre jueces que atienden causas penales, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.
La acordada responde a una demanda de represores y sus familiares, que advertían que el Gobierno libertario no había avanzado en medidas para sacarlos de prisión. Cuando Javier Milei asumió la presidencia con Victoria Villarruel, allegados a los represores se ilusionaron con una amnistía o arrestos domiciliarios para todos los detenidos. Sin embargo, la facultad de otorgar esas medidas la tienen los jueces de Ejecución.
Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, hay 76 represores presos en cárceles, la mayoría de ellos (58) en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El resto, aproximadamente 440, están en arresto domiciliario. Esto significa que más del 85 por ciento de los represores están en sus casas y menos del 15 por ciento en prisión. Entre quienes permanecen tras las rejas se encuentran Alfredo Astiz, Jorge «Tigre» Acosta y Christian Federico von Wernich, emblemas del terrorismo de Estado.
