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La Justicia rechazó este jueves los recursos extraordinarios presentados por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, dejando firme la orden de decomisar más de 111 propiedades. Con este fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, se habilita el avance de los trámites para que la exmandataria devuelva al Estado Nacional bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez, en el marco de su condena por la causa Vialidad.
En relación a los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, son 19 las propiedades que recibieron por herencia o por cesión. La resolución de Casación también alcanza los bienes de Lázaro Báez, buscando dar cumplimiento al decomiso de $684.990.350.139,86. Esta medida se enmarca en la condena de seis años de prisión domiciliaria que cumple Cristina Kirchner por administración fraudulenta.
Los magistrados Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky fueron quienes tomaron la resolución. El camarista Mariano Borinsky votó en minoría, a favor de otorgar los recursos extraordinarios a ciertos bienes de Máximo y Florencia Kirchner, así como a algunas empresas de Báez. Sin embargo, por mayoría, los recursos fueron desestimados en su totalidad.
El Juez Gustavo Hornos fundamentó su voto señalando que «el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida». Añadió que se trata de un «ilícito comprobado» con condena firme, y que los delitos durante la etapa kirchnerista con la obra pública vial nacional crearon «un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público».
En cuanto a los bienes de los hijos de la expresidenta, el Juez Hornos remarcó que ya se había emitido una «respuesta extensa, fundada y razonada» en la instancia previa, y que el criterio adoptado sobre el alcance de la medida fue lo que se objetó. También se pronunció en rechazo a la argumentación de que el decomiso de bienes heredados o recibidos gratuitamente vulneraría principios constitucionales como la legalidad, inocencia, culpabilidad o propiedad.
