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La reciente venta total de las represas del Comahue, publicada esta semana en el Boletín Oficial, reabrió un debate que atraviesa la historia energética de la Patagonia. La diputada neuquina Julieta Ocampo fue una de las primeras voces en pronunciarse y calificó la medida como “una entrega de los recursos estratégicos de la región”.
Desde el Frente de Izquierda, Ocampo aseguró que la decisión del Gobierno nacional “significa poner el agua y la energía al servicio de los negocios privados”. Según explicó, este traspaso “impactará directamente en las boletas de luz de los hogares y dejará el manejo del agua en manos de empresas que no rinden cuentas al pueblo”.
La legisladora también cuestionó el rol de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), a quienes acusó de “guardar silencio ante una medida que perjudica a las provincias patagónicas”. “Ambos celebraron el acuerdo en su momento, pero hoy prefieren mirar para otro lado”, sostuvo.
Recordó que las concesiones de las represas —entre ellas El Chocón, Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila— habían vencido a mediados de año y que las provincias decidieron negociar con el Ejecutivo nacional. “Priorizaron los intereses empresariales por sobre la soberanía energética”, afirmó.
Ocampo advirtió que la privatización “abrirá la puerta a nuevos aumentos de tarifas y a un menor control sobre el manejo ambiental del agua”. Además, señaló que “cuando el Estado se retira, los costos siempre recaen sobre los vecinos”.
El Frente de Izquierda fue el único espacio político que se opuso de manera unánime al proceso y volvió a insistir con la reestatización de las represas bajo control de trabajadores y usuarios. “No se trata de un slogan, sino de una política concreta para generar empleo, garantizar tarifas justas y transparencia en la gestión”, remarcó Ocampo.
La diputada lamentó que el proyecto no prosperara en la Legislatura neuquina, donde fue rechazado por la mayoría de los bloques. “Demostraron estar del lado de los negocios y no de la gente”, cerró.
La decisión del Gobierno nacional abre así un nuevo capítulo en la historia del sistema energético patagónico. Para algunos, se trata de una oportunidad de inversión; para otros, de un retroceso que podría comprometer el futuro de los recursos naturales del Comahue.
