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El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia del Neuquén emitió un comunicado manifestando su oposición al proyecto de ley que busca implementar el divorcio administrativo, una iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional que actualmente se debate en el Congreso. La propuesta permitiría disolver el matrimonio mediante un trámite administrativo, algo que los abogados neuquinos consideran insuficiente para abordar la complejidad de las implicancias legales y personales de una separación.
Entre los principales cuestionamientos, el Colegio señaló que el proyecto ignora aspectos clave del matrimonio, como los derechos y deberes hacia los hijos, la división de bienes y las deudas compartidas. «El matrimonio no puede reducirse a un trámite burocrático», indicaron, argumentando que la vía administrativa no ofrece garantías suficientes para resolver estos temas de manera adecuada.
Impacto en el sistema judicial y en los derechos constitucionales
Una de las preocupaciones más fuertes expresadas por el Colegio es la posible desarticulación del sistema judicial. Según afirmó su presidente, Marcelo Iñiguez, el proyecto incrementaría, en lugar de reducir, la carga de trabajo de los tribunales, ya que las cuestiones no resueltas administrativamente, como los efectos patrimoniales y familiares, tendrían que ser judicializadas. «Trasladar esta competencia a la administración compromete el derecho de defensa y acceso a una justicia imparcial, lo que podría perjudicar a los ciudadanos», aseguró el letrado.
En el comunicado también se plantea que el proyecto podría aumentar la desigualdad, afectando especialmente a quienes tienen menos recursos para defender sus derechos en un proceso administrativo que no garantiza el mismo nivel de protección que el judicial.
Llamado al Congreso para reconsiderar la medida
El Colegio de Abogados finaliza su declaración solicitando al Congreso que reevalúe el proyecto, y que se busquen alternativas que aseguren la correcta resolución de todos los aspectos que implica la disolución matrimonial. Aseguran que, aunque es importante agilizar los procesos judiciales, no debería hacerse a costa de la justicia ni de los derechos constitucionales.
La iniciativa continúa generando debate, mientras el Congreso estudia las posibles implicancias de un cambio tan significativo en el sistema de divorcio del país.
