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La Cámara convirtió en ley 3373 el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para agentes de la administración central que aún no se encuentran bajo régimen de convención laboral.
El pleno aprobó por unanimidad el texto durante su tratamiento en general en la sesión de ayer y lo convirtió en ley al aprobarlo en particular en la sesión de esta madrugada. Los diputados hicieron lo propio al sancionar la ley 3374 que crea el régimen escalafonario y remunerativo para personal de órganos de control de la provincia.
Al actuar como miembro informante del nuevo CCT -que comenzará a regir en enero del 2023 y tendrá una vigencia de dos años-, la diputada María Laura du Plessis (MPN) destacó que se trata del primer convenio en el país que engloba al personal estatal: “con la entrada en vigencia de este nuevo Convenio Colectivo, todos y todas las trabajadoras de la administración pública provincial quedan regulados bajo nuevas pautas laborales, democratizando las relaciones del empleo público”.
En otro tramo de su intervención, explicó que el Poder Legislativo debe aprobar el título III, referido a las cuestiones remunerativas con impacto presupuestario del CCT, en tanto el resto del capitulado del convenio es ley una vez que lo homologa la Secretaría de Trabajo.
Tras detallar los títulos y el capitulado del texto, la legisladora remarcó además que se trata del primer CCT que incorpora las cláusulas del presupuesto general de la provincia para el próximo año vinculadas a aliviar el impacto del impuesto a las ganancias en el salario de la planta estatal. Destacó, además, que es la primera vez también que un convenio incorpora las licencias parentales -aprobadas mediante ley- que contemplan las distintas composiciones familiares.
Finalmente, se refirió a “la pirámide del ordenamiento jurídico”, ocasión en la que aseguró que “la base está dada por la legislación y los convenios colectivos de trabajo van ascendiendo hacia la cúspide de la pirámide”.
A su turno, Andrés Peressini (Siempre) destacó que el impacto presupuestario del nuevo marco “es una inversión porque se volcará en el consumo y la economía local” e hizo especial hincapié en la incidencia que tendrá el CCT, “que jerarquiza al empleo público”, en las comisiones de fomento. Desde la banca del PDC, Elizabeth Campos recaló que el nuevo marco dará estabilidad laboral, garantizará la carrera administrativa, otorgará nuevos derechos, al tiempo que destacó la ampliación de los derechos para las mujeres que conlleva.
Desde el PTS-FIT, Andrés Blanco reivindicó el acuerdo alcanzado entre el gremio y el Ejecutivo en el marco de una paritaria y dijo que la Legislatura no debiera intervenir en su aprobación. Argumentó su voto favorable en tanto “no hay cuestionamientos o críticas por parte de las bases” pero cuestionó el “tratamiento exprés” que se le dio.
El CCT convierte a Neuquén en la primera provincia del país en tener a todo el plantel trabajador estatal conveniado. El régimen crea la comisión de interpretación y autocomposición paritaria (CIAP) y los comités de condiciones laborales y de relaciones laborales, todos ellos con igual número de integrantes del Poder Ejecutivo y del sector sindical con personería gremial y ámbito de representación en la Administración Pública.
Los organismos sobre los que tendrá vigencia son los Ministerios de Jefatura de Gabinete; de Gobierno y Educación; de las Mujeres y de la Diversidad; de las Culturas; de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía; de Deportes; las Secretaría de Seguridad y la General y de Servicios Públicos; entes autárquicos no convencionados aun, como el ISSN y el IJAN; las 21 comisiones de Fomento y el CIPPA.
El texto fija los principios generales que regulan las relaciones laborales, establece el ingreso mediante concursos, así como las condiciones para el desplazamiento en la carrera administrativa y garantiza la estabilidad laboral. Asimismo, determina los derechos, deberes y prohibiciones que recaerán sobre la planta estatal convencionada. A la vez, establece las licencias a las que tendrán derecho los trabajadores y las trabajadoras, entre las que figuran las ordinarias (vacaciones), extraordinarias (razones de salud, enfermedad, accidentes de trabajo), las parentales (por nacimiento, adopción, embarazo de alto riesgo, por interrupción del embarazo, por técnicas de reproducción médicamente asistida, identidad de género, permiso para la atención del lactante, etc.) y las especiales (por situaciones de violencia.
Asimismo, regula aspectos vinculados al lugar de trabajo, la jornada laboral, los francos y los feriados y las bonificaciones, y contempla la implementación de un régimen disciplinario ante faltas o delitos por parte de los agentes o las agentes estatales. Finalmente, el CCT establece los encuadramientos dentro de los agrupamientos y niveles del escalafón único, funcional y móvil que fija el propio convenio, promoviendo el ascenso en la carrera administrativa.
En otro orden, el pleno sancionó el régimen escalafonario y remunerativo para el personal de órganos gubernamentales de coordinación de los sistemas que integran la administración financiera y control y asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo provincial. Se trata de agentes que no son alcanzados por el CCT recientemente votado.
Al respecto, la diputada Liliana Murisi (MPN) indicó que el objetivo es justamente es establecer un régimen escalafonario y remunerativo para un determinado sector del Ejecutivo que no comprendido en el CCT. Se trata de organismos que “constituyen la columna vertebral del control de la administración”.
Describió que el régimen define funciones jerárquicas, administrativas y operativas y define beneficios y condiciones específicas con una estructura similar al CCT del Tribunal de Cuentas. Además, según dijo la legisladora, se prioriza que los puestos sean valorados según criterios de responsabilidad y funciones. La medida alcanzará a 455 trabajadores y trabajadoras, informó Murisi.
La iniciativa fue aprobada por mayoría con 27 votos favorables aportados por el MPN, Juntos, FRIN, FNN, Siempre, UP-FR, JC, MAV, PDC, Avanzar, CC-ARI y parte del FdT. En contra votaron Soledad Salaburu, Darío Peralta, Lorena Parrilli y Soledad Martínez del FdT y Blanca López del FIT.
