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Decenas de gremios que integran la CGT denunciarán a funcionarios del Gobierno por la retención de $688.000 millones correspondientes al sistema de obras sociales. Entre los denunciados figuran el titular de Hacienda, Luis Caputo, y otros miembros de la administración. La medida representa un punto de coincidencia inusual entre sindicatos que mantienen profundas diferencias entre sí.
Los gremios advirtieron que, en caso de no recibir una respuesta concreta del Gobierno, convocará a un paro general con movilización de 36 horas de duración. Esta extensión sería inédita durante la era Milei, ya que hasta el momento las protestas sindicales se limitaron a huelgas de 24 horas.
El reclamo por los fondos retenidos del sistema de obras sociales logró unificar posiciones dentro de la central obrera, a pesar de las tensiones históricas que existen entre distintas organizaciones sindicales. La denuncia penal constituye el primer paso de una estrategia que podría escalar hacia medidas de fuerza más contundentes.
La movilización anunciada marcaría un cambio en la estrategia del gremialismo frente al Gobierno nacional. Hasta ahora, los paros convocados durante la gestión actual no superaron las 24 horas de duración, por lo que una protesta de 36 horas representaría una intensificación del conflicto laboral.
