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El Gobierno reglamentó el Régimen Penal Juvenil a través del Decreto 875/2026, publicado en la madrugada del lunes 7 de septiembre. La norma implementa la Ley 27.801, sancionada en febrero en el Senado, que bajó a los 14 años la edad de imputabilidad en Argentina. El decreto detalla cómo funcionará el sistema para adolescentes acusados de delinquir, estableciendo quién controlará su aplicación y cómo se elegirán los supervisores responsables de su seguimiento.
La ley fija como objetivo del régimen «fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social». El régimen será aplicable a personas desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplan 18 años. El decreto publicado este lunes especifica los detalles operativos que la ley no había precisado, incluyendo la estructura institucional necesaria para su implementación en todo el país.
El Ministerio de Justicia fue designado como «Autoridad de Aplicación» del régimen, con responsabilidad sobre la implementación y coordinación en el ámbito nacional y federal. El ministerio deberá conformar un listado provisorio de profesionales supervisores en un plazo máximo de 180 días, hasta que se realice la primera convocatoria pública para crear el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Los jueces competentes designarán al supervisor en cada caso concreto entre los profesionales que integren ese listado.
El decreto también ordena la creación del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil en el ámbito del Ministerio de Justicia. Este comité funcionará como dispositivo permanente de articulación entre ministerios para la implementación de la ley 27.801 en todo el territorio nacional.
