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Las asociaciones patronales y la CGT han coincidido en la necesidad de posponer la discusión sobre la reforma laboral hasta marzo, con el fin de abordarla con mayor tranquilidad durante las sesiones ordinarias del Congreso. Ricardo Diab, presidente de la CAME, expresó preocupaciones sobre la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, argumentando que esta medida podría forzar a las empresas a reinventar sus acuerdos laborales, generando más conflictos en lugar de resolverlos. Diab también solicitó modificaciones en otros artículos de la ley y espera respuestas del gobierno.Por su parte, la CGT ha insinuado que las demandas de los empresarios podrían alinearse con su deseo de posponer el debate, ya que un tratamiento exprés de la reforma podría conducir a un aumento en la litigiosidad judicial. Los sindicalistas y opositores en el Congreso están listos para impugnar los aspectos más controvertidos de la reforma, y algunos senadores dialoguistas se muestran incómodos con la urgencia de Patricia Bullrich para aprobar rápidamente el proyecto. La situación se complica con la presión de los gobernadores, que buscan asegurar el apoyo legislativo necesario.El peronismo, liderado por José Mayans, tiene un número mínimo de 28 legisladores que podría ser insuficiente para frenar la reforma laboral sin la colaboración de senadores alineados con los gobernadores. Mayans ha planteado preocupaciones sobre la falta de consenso y la debilidad técnica de la reforma. A medida que se intensifican las tensiones internas, tanto en el oficialismo como en la oposición, el futuro de la reforma laboral sigue siendo incierto, con muchos legisladores pidiendo un debate más profundo.
