Por amplia mayoría, la Cámara de diputados aprobó en general la ley que habilita a las fuerzas de seguridad y al sistema judicial a combatir la venta de drogas a pequeña escala en la provincia, conocida como “narcomenudeo”.
Así lo definió hoy por la tarde durante la 31° sesión ordinaria del cuerpo al votar por 30 votos a favor y dos en contra, la normativa, ocasión en la que la vicepresidenta primera a cargo de la presidencia de la Cámara, Zulma Reina, le tomó juramento como Prosecretario Legislativo a Claudio Cotro, empleado que se desempeña en la Legislatura desde hace más de 29 años y cumplía funciones como director de Despacho Legislativo.
La ley votada por diputados y diputadas adhiere al artículo 34 y concordantes de la ley nacional 23.737 -de Narcotráfico- y a los alcances previstos por las leyes nacionales 26.052 y Ley 27.502.
Al oficiar de miembro informante, Ernesto Novoa (DC-Comunidad) destacó que de esta manera la provincia interviene en forma activa en la lucha contra el “narcomenudeo” al aportar recursos, tanto en lo que respecta al proceso judicial como al procedimiento policial.
En su intervención, sostuvo que “el Estado neuquino no puede estar ajeno a esta situación y debe proteger a las familias neuquinas”. En ese sentido, se declaró a favor de que en Neuquén “nunca se llegue a hablar de ‘soldaditos’ y que la palabra ‘quiosco’ no forme parte del lenguaje local”, en alusión a lo que ocurre en ciudades como Rosario o en barrios del conurbano bonaerense.
El diputado añadió que de los bienes decomisados en un operativo: un 25% se utilizará para acompañar y contener a personas afectadas por adicciones; otro 50% se destinará a equipar a la fuerza de seguridad provincial; en tanto que, el 25% restante se le otorgará al Poder Judicial para que pueda llevar adelante el proceso de justicia.
A su turno, Carlos Coggiola (Neuquén Federal) recordó que hasta la sanción de la normativa, el narcotráfico se circunscribía a ser un delito netamente de jurisdicción federal, con la restricción de contar únicamente con solo dos juzgados, uno ubicado en Neuquén capital y otro en Zapala. Al respecto, advirtió que esta limitación resiente su accionar para combatir la venta de drogas en muchas localidades y en distintas zonas de nuestra provincia.
Por su parte, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U), adelantó su voto negativo al considerar que la normativa fortalece una lógica represiva que tiende a perseguir a consumidores y a los sectores más vulnerables de la población. Lo dijo al indicar que la provincia no tiene como objetivo buscar a los “peces gordos” que se benefician del negocio y se pronunció a favor de legalizar la venta de estupefacientes bajo control estatal.
Actualización de coeficientes en la ley de remuneraciones del poder Legislativo
A la vez, el cuerpo aprobó en general y por unanimidad la actualización de coeficientes previstos para títulos y categorías previstas en la ley 2915 -de remuneraciones del Poder Legislativo–. La medida incrementa ambas instancias y también equipara el ítem por antigüedad entre la planta transitoria y la permanente.
De igual modo, incorpora a la normativa la partida de “refrigerio” y establece un incentivo por permanencia en el cargo para los empleados que revisten la categoría más alta de la carrera administrativa.
Al fundamentar la iniciativa, el diputado Francisco Lepore (Avanzar) expresó que se trata de “una reivindicación para los trabajadores de esta casa”. En ese sentido, sostuvo que las modificaciones “ponen en valor” tanto la capacitación y profesionalismo de cada agente como la posibilidad de diferenciar la cadena de responsabilidad que implica el acceso a determinadas categorías.
Lépore aclaró que durante el trabajo en comisión se “ha hecho un trabajo responsable y se ha proyectado el impacto económico de la medida”.
Parque Jaime de Nevares
Durante la reunión, diputados y diputadas votaron por unanimidad una normativa para declarar patrimonio histórico, social y ambiental al predio en el que se ubican el parque Jaime de Nevares y la estructura edilicia de la ex U9.
En su intervención, Ludmila Gaitán (MPN) recordó que la medida surge como una respuesta al decreto nacional 950, que incluía al predio como un inmueble sujeto a subasta por no tener una afectación específica
En ese sentido, la legisladora reafirmó la necesidad de proteger un espacio recreativo que utiliza la ciudadanía neuquina y un sitio de la memoria señalizado en 2015, en referencia al sector de la ex U9 donde funcionó un centro de detención clandestino durante la última dictadura militar.
Gaitán objetó que en 2017 se realizó un canje de tierras con el gobierno nacional en el cual la provincia cedía la cárcel ubicada en la localidad de Senillosa a cambio del lote donde funcionaba la unidad penitenciaria nacional, con el consecuente traslado de reclusos a las nuevas instalaciones.
También destacó que la idea de emplazar un parque surgió a partir de una propuesta ciudadana impulsada por vecinos de Neuquén que reclamaban la conformación de un “pulmón verde” en el centro de la ciudad con finalidad recreativa, artística y cultural.