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El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, enfrenta denuncias por no declarar inmuebles adquiridos en Miami a través de sociedades offshore radicadas en Panamá. La información surge de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon (La Nación), en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Según la pesquisa, Vázquez figura como titular de Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, sociedades a través de las cuales realizó las siguientes operaciones:
- 9 de enero de 2013: Alcorta Corp adquirió un departamento en el Icon Brickell de Miami por US$ 710.000.
- 10 de enero de 2013: La misma sociedad compró otro departamento en la avenida Brickell 1060 por US$ 350.000.
- 20 de julio de 2015: Pompeya Group Corp adquirió una suite en el exclusivo Chateau Beach Residences de Sunny Isles por US$ 980.000.
Tras la publicación de los Panamá Papers en 2016, Vázquez transfirió el control de ambas sociedades a Galanthus Capital Limited, radicada en las Islas Vírgenes Británicas, que aún figura como titular de los departamentos. El valor actual de las propiedades asciende a US$ 1.690.000.
La investigación incluye documentación de la empresa Trident Trust, donde Vázquez es catalogado como «Persona Políticamente Expuesta», y menciona el pasaporte del funcionario con datos coincidentes con registros oficiales.
Declaraciones juradas y omisiones
La Ley de Ética Pública exige que los funcionarios declaren todos sus bienes, tanto en el país como en el exterior. Sin embargo, en su última presentación de octubre de 2023 ante la Oficina Anticorrupción, Vázquez solo informó la titularidad de diez inmuebles en Argentina, omitiendo cualquier referencia a sus sociedades offshore y las propiedades en Miami.
Un pasado polémico
Andrés Vázquez, designado en octubre por el presidente Javier Milei para combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación, acumula una larga trayectoria en la AFIP desde 1990. En 2009, estuvo al frente de un megaoperativo contra el Grupo Clarín durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y luego fue desplazado por acusaciones de corrupción.
Actualmente, con la reestructuración de la AFIP en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), su rol vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Las denuncias podrían derivar en investigaciones judiciales y administrativas, poniendo en cuestión el discurso de transparencia que impulsa la gestión de Milei.
