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La cantidad de personas imputadas pasó de 19 a 28 y, con la información recabada durante la investigación desarrollada en los últimos meses, se detallaron responsabilidades en cinco niveles diferentes, con cinco funcionarios de alto rango señalados por liderar la asociación ilícita que, entre septiembre 2020 y el 31 de julio 2022 , se quedó con $153.377.900 de la administración pública.
La investigación preliminar comenzó formalmente el 29 de noviembre de 2022, cuando se realizó la primera formulación de cargos por el delito de asociación ilícita, en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena; y fraude a la administración pública, todos en calidad de coautores.
En ese momento se imputó a 19 personas, tres de las cuales fueron acusadas por liderar la organización: Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. El primero fue señalado por la fiscalía como “jefe” de la organización, mientras que los dos restantes como sus colaboradores directos. Las 16 personas restantes estaban empleadas en el ministerio de Desarrollo Social y fueron acusadas por integrar, con distintas funciones, la misma asociación ilícita.
En la audiencia que comenzó ayer y finalizó hoy, el fiscal Narváez precisó la reformulación de la acusación respecto de las personas señaladas como jefes de la asociación ilícita. A los ya imputados Soiza, Sanz y Osuna sumó a dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler. El fiscal del caso definió que todos “pergeñaron y organizaron la asociación ilícita destinada a obtener de dinero proveniente de fondos del Estado provincial, de manera ilegítima”.
Por debajo de ese nivel, con la investigación desarrollada en los últimos meses se establecieron cuatro niveles más: el de colaboradores directos de los jefes; el de quienes se ocupaban de reclutar posibles beneficiarios de planes sociales; el de quienes extraían el dinero; y el de quienes eran incluidos o incluidas como beneficiarias de planes sociales sin reunir los requisitos.
