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El Ministerio de Salud reformuló el Plan Remediar para concentrar la provisión nacional en enfermedades vasculares y trasladó a las provincias la cobertura de otras afecciones. La medida, comunicada el 20 de octubre mediante la Resolución 1447/2026, desató cuestionamientos de expertos en salud pública como Nicolás Kreplak y Pablo Yedlin, quienes advirtieron sobre sus consecuencias en el acceso a medicamentos gratuitos.
El Gobierno argumenta que las enfermedades vasculares constituyen la primera causa de mortalidad del país y que intervenir sobre la hipertensión y el colesterol permite prevenir eventos evitables. La cartera de Salud sostuvo que la reorganización «busca administrar recursos limitados y no implica el cierre de Remediar». Además, informó que enviará un botiquín de transición hasta fin de año para que las jurisdicciones organicen sus compras.
Sin embargo, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) registró datos preocupantes en un informe de junio. La caída de tratamientos dispensados fue significativa: de 29,8 millones en 2023 a 14,1 millones en 2025. El centro de investigación advirtió que las respuestas provinciales para compensar los faltantes eran desiguales y que las diferencias fiscales y de gestión podían profundizar las brechas de acceso.
El documento del IECS describe una canasta de 75 principios activos en 99 presentaciones que se distribuía según el perfil epidemiológico de cada jurisdicción. El riesgo identificado es que el lugar de residencia termine condicionando la continuidad de los tratamientos médicos, generando disparidades en el acceso a medicamentos entre provincias.
