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El Gobierno nacional decidió mantener intacta una de las principales fugas de recaudación del Estado para 2027. Según el proyecto de Presupuesto 2027, el fisco dejará de percibir $51,9 billones por tratamientos impositivos preferenciales, cifra que equivale al 3,67% del PBI. Esta cantidad creció respecto al ejercicio actual, que representaba el 3,4% del PBI.
El dato más disruptivo es lo que el presupuesto oculta: la exclusión del costo fiscal que demandará el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Pese al fuerte recorte del gasto aplicado en otras áreas para sostener el ancla fiscal, la Casa Rosada no tiene en carpeta achicar estos beneficios consolidados. El Ministerio de Economía justificó esta omisión técnica argumentando que los proyectos adheridos se encuentran mayoritariamente en etapas iniciales de implementación.
La mayor parte del universo de gastos tributarios se destina a exenciones que benefician a personas humanas y consumos básicos, sumando cerca de $6,2 billones no recaudados. Allí figuran las prestaciones médicas a obras sociales y al PAMI, las alícuotas reducidas del IVA para alimentos frescos y medicamentos, y la exclusión de Ganancias para los funcionarios del Poder Judicial.
Los regímenes de promoción económica directa concentran más de $6,2 billones de pesos, equivalentes al 0,44% del PBI para 2027. El régimen especial de Tierra del Fuego lidera el esquema con un costo fiscal estimado en $1,8 billones. Le siguen el régimen de la Economía del Conocimiento con $842.556 millones, la promoción minera con $89.820 millones, y esquemas para PyMEs y el sector autopartista.
