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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio un ultimátum al Estado argentino en el conflicto mapuche de Villa La Angostura. El organismo de la OEA le otorgó cuatro meses, prorrogables hasta seis, para responder sobre el caso de la Comunidad Indígena Mapuche Lof Paichil Antriao. La nota fue enviada el 13 de agosto por el secretario ejecutivo adjunto Jorge Meza al canciller Pablo Quirno.
El conflicto en Villa La Angostura trasciende el camping del lago Correntoso que enfrenta al intendente Javier Murer con propietarios privados. Sobre el histórico Lote 9, tierra que el Estado nacional entregó en 1902 a los caciques José María Paichil e Ignacio Antriao, conviven al menos 14 causas judicales distintas. En estos expedientes figuran una veintena de propietarios privados y el municipio como demandantes contra la comunidad mapuche.
Aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de los propietarios en conflictos por reivindicación de tierras, el caso ahora entra en una nueva dimensión política. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió las observaciones presentadas por la comunidad en el caso Nº 14.041 y habilitó al Estado para responder. Si Argentina no contesta en el plazo establecido, la CIDH queda igualmente facultada para expedirse sobre el tema.
El jueves pasado se concretó un desalojo vinculado a otra comunidad mapuche, la Melo-Quintriqueo, que tiene una causa por ejecución de sentencia con María Cristina Broers, una mujer de nacionalidad belga, sobre un lote que fue vendido a una empresa. El conflicto por tierras en la región neuquina combina ahora litigios locales con instancias internacionales de derechos humanos.
