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La modificación de la Ley de Tierras que será debatida en el Senado de la Nación el próximo 6 de agosto ha vuelto al centro de la discusión política en Neuquén y el país. Organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda, comunidades originarias y dirigentes sindicales anunciaron su oposición a la iniciativa. El proyecto que llegará al recinto ya no es exactamente el mismo que ingresó al Congreso Nacional, tras sufrir modificaciones relevantes durante su tratamiento parlamentario.
Durante las últimas semanas, gran parte de los cuestionamientos se concentró en la posibilidad de una apertura irrestricta para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Esa interpretación dominó el debate político y las redes sociales, alimentando posiciones a favor y en contra. Sin embargo, el texto que obtuvo dictamen incorpora cambios que desplazan el foco hacia otro aspecto de mayor alcance institucional: la distribución de competencias entre el Estado nacional y las provincias.
La Ley de Tierras siempre fue una norma atravesada por dos discusiones. La primera vinculada a la propiedad y los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de personas o sociedades extranjeras. La segunda, menos visible para la opinión pública pero de enorme importancia institucional, está relacionada con quién tiene la facultad de definir esas políticas: si debe existir un régimen uniforme administrado desde la Nación o si las provincias deben ejercer plenamente las competencias que les reconoce la Constitución.
Neuquén reafirma el dominio originario sobre sus recursos naturales y la administración de su territorio. El clima de tensión crece a medida que se acerca la sesión del 6 de agosto, mientras especialistas advierten que los cambios en el proyecto obligan a replantear el eje de la discusión más allá de la cuestión de la propiedad extranjera de tierras.
