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La Justicia de Córdoba confirmó una sentencia que declaró víctima de violencia de género, tipo psicológica, en modalidad laboral a una mujer que se desempeñaba como tesorera de una empresa de servicios fúnebres. La jueza Mariana Wallace impuso al jefe de la damnificada la obligación de asistir a un tratamiento psicológico con un profesional especialista en violencias de género, resaltando la responsabilidad de las empresas en el respeto a los derechos humanos de su personal.
La empleada había denunciado a su superior directo, el jefe administrativo, por conductas como gritos, denigración, sobrecarga de tareas y obligarla a quedarse fuera del horario laboral, entre otras acciones discriminatorias. A pesar de haber informado al directorio de la empresa sobre estas situaciones, la situación no se modificó, según precisó el sitio del Poder Judicial de Córdoba.
El fallo, ratificado por la Cámara de Familia n.° 2, sostuvo que el ejercicio de la responsabilidad laboral en un cargo jerárquico debe ser «absolutamente escindible de la violencia de género» y respetar los derechos humanos de quienes interactúan, especialmente mujeres. La jueza Wallace ordenó al jefe administrativo asistir a un tratamiento psicológico para trabajar la órbita de sus atribuciones en el contacto laboral con mujeres.
La magistrada extendió esta medida a tres miembros del directorio de la firma, cuyas decisiones, según el fallo, reforzaron la construcción de estructuras de gestión empresarial discriminatorias hacia las mujeres. La Justicia recalcó que este tipo de organizaciones también tienen la obligación de respetar los derechos humanos del personal y no avalar «sistemas de gestión empresarial estructuralmente discriminatorios».
